Los luctuosos sucesos ocurridos en la localidad de Bagua Chica en los que perdieron la vida 24 policías y 9 lugareños la semana pasada han originado, como era lógico y de esperar, una oleada de indignación , rabia contenida e impotencia en la familia policial, que no alcanza a comprender cómo la incompetencia e improvisación del Gobierno y del Congreso de la República han conducido, una vez más (recuérdese Andahuaylas y Pómac), a una tragedia de esta magnitud, que ha puesto al Perú a los ojos del mundo como una nación todavía anclada en un primitivismo que se suponía superado, en el que la barbarie, la anarquía, la demagogia, las corruptelas, las trasnochadas ideas pseudorrevolucionarias ponen en jaque, un día sí y el otro también, a nuestra frágil democracia.

El dolor y el desconcierto no sólo cunden en la familia policial. Una gran mayoría de peruanos asiste perpleja a estos acontecimientos con el temor de que su repetición en distintos puntos del país, una vez perdido el respeto a la autoridad y a las normas que nos rigen, ocasione un vacío de poder que sea el embrión de una involución política en el país. Hay algunos elementos a tener muy en cuenta en el análisis, frío y desapasionado, que se debe hacer de esta tragedia:

El anuncio de la suspensión (en principio, por noventa días) de la norma que originó la protesta de los pobladores de Bagua Chica, el decreto legislativo 1090, conocido como Ley de la Selva, y de su revisión por el Tribunal Constitucional, pone en evidencia que hubo precipitación en su puesta en vigor, ya que se debió primero concienciar a las poblaciones involucradas de los beneficios y desarrollo económico que supondría para ellos en particular y para el país, en general, la explotación de los recursos energéticos de la zona, neutralizando, de este modo, la labor de agitación política que, desde hace ya algunos años, vienen realizando algunas organizaciones supuestamente nacionalistas que, sin detenerse a revisar nuestra reciente historia nacional, quieren reeditar en el Perú una dictadura al estilo de la que ya está implantando Hugo Chávez en Venezuela, enfrentando a los peruanos entre sí, como ya lo está haciendo su émulo
 boliviano Evo Morales, cuya absurda política de confrontación racial ha originado que las provincias del este boliviano hayan amenazado con la secesión del país. Sobre el particular y para alertar de este fenómeno en el Perú, quiero recordar las palabras del ilustre historiador José Antonio Del Busto Duthurburu, fallecido en 2006: “El indigenismo y el hispanismo en exceso separan; el peruanismo y, de hecho, el mestizaje, unifican”; “No somos ni vencedores ni vencidos, somos descendientes de los vencedores y de los vencidos”; y, cuando la demagógica retirada de la estatua ecuestre de Pizarro de la Plaza Mayor de Lima: “Podrán sacarlo de ahí, pero de la Historia, jamás”.

Tampoco es de extrañar que Alberto Pizango, líder de la revuelta que culminó con la sangrienta masacre de los policías, haya recibido el asilo de Nicaragua, país que gira en la misma órbita que Venezuela y Bolivia, y que ha justificado tal decisión en “el espíritu solidario del presidente Daniel Ortega con los perseguidos políticos”. Por otro lado, la dimisión de la ministra de la Mujer y Desarrollo Humano, Carmen Vildoso, por su desacuerdo con el manejo informativo que de la crisis está haciendo el gobierno pone de manifiesto que las cosas no se hicieron bien desde el principio.

Asimismo, un país que es todavía incapaz de acabar con el nepotismo, que se resiste a instalar la meritocracia como única forma justa e imparcial de asignar los cargos públicos a las personas adecuadas e idóneas para los mismos, no sólo añade lastre al sector público (con el consiguiente derroche de dinero de un erario nacional escuálido, que no otra cosa es pagar un sueldo a un inepto) afectado desde hace tiempo de elefantiasis, sino que, además, siembra el desánimo, la desilusión y, lo que es más peligroso, la pérdida de credibilidad en el sistema, siendo los ciudadanos, en muchos casos, atraídos por los cantos de sirena de los “salvapatrias”, líderes carismáticos que prometen acabar con la corrupción y poner orden en el país para, una vez llegados al poder, tan sólo tomar el relevo en el saqueo de las arcas públicas o instaurar dictaduras que terminan con la libertad de expresión -censurando y cerrando los medios de comunicación que no le sean adeptos-, la de opinión –encarcelando, en el mejor de los casos, a los opositores al régimen, porque en el peor, los desaparecen- y aislando al país, privándolo del comercio e inversiones internacionales, tal como sucede, por ejemplo, en Cuba y en Corea del Norte, dictaduras hereditarias en las que la población, literalmente, se muere de hambre.

No hay que llamarse a engaño: aun cuando no es un sistema perfecto, la democracia es el menos malo de los sistemas políticos de los que hasta ahora se ha dotado la Humanidad. En un democracia seria, existen contrapesos ( separación de poderes públicos, un Poder Judicial independiente, limitación constitucional de las atribuciones de los mandatarios –es decir, que reciben el mandato del pueblo para gobernar en su nombre- y de sus períodos gubernamentales, libertad de expresión y de opinión, mecanismos de interpelación y garantías constitucionales inviolables, etc.) que evitan el abuso del poder y los atropellos, característicos de las dictaduras. Si la democracia peruana no está todavía consolidada como una verdadera democracia, sino sólo como un remedo de la misma, trabajemos para mejorarla, pero en ningún caso para acabar con ella.

Agrava el problema la persistencia de la corrupción en la sociedad peruana, fenómeno dañino cuya percepción es asumida como normal, como un componente más de nuestra idiosincrasia, de nuestra “viveza criolla”. En la ceremonia de asunción del cargo como ministra del Interior, la señora Mercedes Cabanillas prometió “moralizar” la actuación de la Policía Nacional y acabar con la corrupción al interior de sus filas. Resulta curioso comprobar que el mismo discurso, o por lo menos el mismo tenor, fue utilizado por el primer ministro del Interior aprista, Abel Salinas, y con tanto revuelo que sirvió incluso de argumento para la “moralización y reorganización de las Fuerzas Policiales” que culminó, a la postre, con la desaparición de la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigaciones, dando paso a la unificación y nacimiento de la Policía Nacional. Sin embargo, veinticuatro años después, el discurso sigue siendo el mismo y cabe preguntarse qué harán ahora para resolver el entuerto, ¿revertir el proceso?

Y es que el error está, como siempre, en trasladar el problema a los demás. ¿Es tan difícil entender que los policías no son extraterrestres, sino que son parte del tejido social peruano y que, sí éste es corrupto, no se le puede pedir peras al olmo? Evidentemente, no trato de justificar la corrupción, ni mucho menos. Trato, simplemente, de explicar que, en la medida en que se combata la corrupción en todos los niveles y estamentos de la función pública (incluidos los casos de sobornos para  favorecer la concesión de explotaciones petrolíferas) y de la sociedad en general, la policía, tengan la seguridad, habrá dado también un paso de gigante en el combate a la corrupción en sus filas. En esto coincidimos todos: la corrupción es un cáncer maligno que mata lentamente al Perú y hay que extirparla de raíz. Sólo falta llevarlo a la práctica.

Y a propósito del caso que nos ocupa, ¿veinticuatro policías y una decena de civiles muertos en una tragedia que se pudo haber evitado, no son suficientes para la asunción de responsabilidades políticas? El discurso de la señora Cabanillas sería más coherente si dimitiera por los sucesos de Bagua. Es una cuestión de decencia política, nada más.
Según la mitología griega, Sísifo, fundador y rey de Éfira –la actual Corinto- fue castigado por Zeus, el dios supremo del Olimpo, debido a que quiso sacar provecho de su astucia. Zeus lo dejó ciego y lo condenó a empujar eternamente una gran roca por una empinada ladera hasta la cima de una montaña, de forma que cada vez que estaba a punto de lograrlo, la pìedra rodaba de nuevo hasta la base y Sísifo tenía que empezar de nuevo, y así una y otra vez.

¿Está condenado el Perú, como Sísifo, a sufrir un castigo eterno, el de subir nuestra pesada roca casi hasta la cima, para verla caer nuevamente y tener que volver a empezar otra vez y otra vez?

¿Se repetirán los sucesos de Bagua?